Denunciar la inacción política ante la emergencia climática: los Países Bajos muestran el camino
El Tribunal Supremo de los Países Bajos ordenó el pasado viernes al gobierno del país reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% con respecto a los niveles de 1990, en lo que es ya la decisión más dura y taxativa jamás dada a un gobierno en todo el mundo para que tome acción de manera inmediata con respecto a la emergencia climática.
El caso, iniciado por la Urgenda Foundation en el año 2013, denunciaba que el gobierno, al no cumplir con el objetivo mínimo de reducción de emisiones de dióxido de carbono establecido por los científicos para evitar la emergencia climática, estaba poniendo en peligro los derechos humanos de los ciudadanos holandeses establecidos por las leyes nacionales y de la Unión Europea. El gobierno neerlandés, que perdió ya el caso en los tribunales de distrito y en los de apelación, pierde ahora también en el Tribunal Supremo, con todo lo que ello conlleva (y que podría incluir, entre otras cosas, el cierre de centrales térmicas de carbón), y convierte al caso en un modelo a seguir en muchos otros países.
En la actualidad, hay cursadas ya 1442 demandas en países de todo el mundo en variados estados de tramitación, en lo que responde a la vanguardia de un área del derecho medioambiental denominada atmospheric trust litigation o litigios de confianza atmosférica, un concepto basado en la doctrina de la confianza pública y la responsabilidad internacional relacionada con el control del gobierno sobre los recursos naturales en beneficio del beneficio público. Otro caso bastante conocido de este tipo es Juliana vs. The United States, promovido por un grupo de veintiún jóvenes estudiantes encabezados por Kelsey Juliana, que ganó atención en 2016 cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Oregón, Ann Aiken, confirmó la idea de que el acceso a un medio ambiente limpio podía ser considerado un derecho fundamental, permitiendo así que el caso continuara. Desde entonces, la administración Trump ha tratado de desestimar el caso por diversas cuestiones, lo que ha retrasado su instrucción, pero también ha generado mucha más atención mediática y de expertos.
¿Actúan los gobiernos en contra de los derechos humanos de sus ciudadanos cuando no cumplen las recomendaciones de los expertos para tratar de hacer frente a la emergencia climática? Todo parece indicar que efectivamente es así, y que la idea de reclamar justicia ante los tribunales puede tener mucho sentido. ¿Qué deben hacer los ciudadanos australianos cuando ven que las decisiones de su gobierno en política energética y medioambiental les abocan claramente a un suicidio climático? ¿Y los estadounidenses, cuando ven que la administración Trump abandona los acuerdos de París? ¿No deberíamos plantearnos denunciar a los ayuntamientos de nuestras ciudades cuando resulta evidente que su falta de acción nos obliga a respirar gases que nos envenenan?
La vía judicial puede ser lenta y en ocasiones desesperante, pero se presenta claramente como una de las posibilidades más claras de poder obligar a los políticos a tomar acción ante la emergencia climática. Obviamente, esto no implica que los ciudadanos no podamos y debamos recurrir a otras vías, sea como mostrando liderazgo como directivos o cambiando nuestros hábitos de consumo para favorecer con ellos a aquellas compañías que demuestren su conciencia medioambiental. Atajar la emergencia climática aún es posible, y va a requerir, además de reconocer que esa emergencia existe, acabar con la actual economía subvencionada, sobre todo con los billones de dólares que se destinan a subsidiar los combustibles fósiles, el transporte aéreo o productos, como los automóviles, a los que no se obliga a pagar por las emisiones que generan. Acciones claras que precisan la implicación de unos políticos que, en muchos casos, no toman decisiones en virtud de criterios cortoplacistas, electoralistas o simplemente por estupidez. Los Países Bajos acaban de demostrarnos que incluso cuando sea así, aún tenemos la posibilidad de denunciarlos para intentar cambiar las cosas.
Enrique Dans
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